Declaración Defendamos la Paz

EL CESE AL FUEGO Y LOS COMPROMISOS HUMANITARIOS FACILITAN RECUPERAR EL PROCESO DE PAZ CON EL ELN

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez, ante el grave impacto global de la pandemia, hizo un llamado al cese del fuego de los conflictos armados en el mundo con el objeto de poder concentrar los esfuerzos en controlarla. Gobiernos y grupos armados irregulares de varios continentes acogieron su llamado y decretaron ceses del fuego. Estimamos importante una decisión del Gobierno Nacional en igual sentido, así como de los grupos armados irregulares que operan en el país. El ELN se acogió al llamado de la ONU y del Papa y decretó un cese unilateral del fuego durante el mes de abril. Es éste un hecho positivo, que ojalá se extienda indefinidamente. El cese de todos los fuegos, en Colombia y en el mundo, sería una invaluable contribución para facilitar la atención de la población en esta emergencia global. 

En nuestro caso, además de atender la urgencia humanitaria requerimos superar de manera completa y definitiva el conflicto armado interno. Como lo pone de presente la experiencia internacional en las últimas décadas el ochenta por ciento de los conflictos armados internos se resolvieron mediante negociaciones políticas. Tenemos experiencia de negociaciones de paz exitosas, como las que en los años noventa sacaron de la guerra a varias guerrillas y favorecieron el proceso constituyente de 1991 y la reciente que culminó en 2016 con la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC EP. Pero el cierre definitivo de la guerra requiere alcanzar un acuerdo de paz con el ELN. El papa Francisco nos ha invitado a “no perder la esperanza en la paz”. Muchas voces de la comunidad internacional y de diversos sectores nacionales contribuyen con sus llamados y acciones a fortalecer la búsqueda de la paz en Colombia.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el ELN lograron en 2017, luego de cuatro años de diálogos exploratorios, un acuerdo que les permitió definir los temas y la metodología de la agenda de negociación, lo cual hizo posible la instalación de la Mesa de Diálogos para la Paz, que   sesionó en Quito, Ecuador y, posteriormente, en 2018 en La Habana, Cuba. La negociación tuvo avances significativos en relación con el primer punto de la agenda sobre participación de la sociedad, que afirmaron la viabilidad de un proceso participativo en la construcción de acuerdos; se logró un cese de hostilidades bilateral por cien días, verificado por la ONU, y se inició el tratamiento del quinto punto, en lo atinente a compromisos y acuerdos humanitarios, con proyección a los departamentos de Chocó y Nariño. 

El presidente Iván Duque ha planteado varias condiciones para reiniciar el proceso de paz con el ELN. Entre ellas exigencias humanitarias válidas como el que esta guerrilla deje de secuestrar y libere a todos los secuestrados, se abstenga de reclutar niños y niñas y no coloque en riesgo a la población civil con la siembra de minas antipersonal. Pero la exigencia adicional de “cesar todas las acciones delictivas” no es coherente, como quiera que se trata de una organización ilegal levantada en armas contra el Estado. Esta exigencia solo será posible materializarla como resultado de los entendimientos en las negociaciones y con el tránsito de sus integrantes a la vida civil mediante un acuerdo de paz.

Las actuales condiciones son favorables para un acercamiento entre el Gobierno Nacional y el ELN, en perspectiva de retomar las negociaciones de paz y conseguir un cese bilateral de las hostilidades. El ELN ha cesado sus acciones ofensivas, ha liberado recientemente personas secuestradas en Cauca y Arauca y ha reiterado disposición de volver a los diálogos. El ELN debe asumir las obligaciones humanitarias que le asisten, que implican cesar todo ataque contra la población civil y conductas que configuren infracciones al derecho humanitario. El presidente Duque tiene la oportunidad histórica de retomar el proceso de paz que falta para hacer posible la “paz completa”, conseguir el cierre definitivo de la guerra interna y avanzar en la superación de la problemática situación en derechos humanos y humanitaria. Estimamos que al retomarse este proceso de paz no se debería cometerse el error de desconocer los avances logrados en la anterior negociación, los aportes hechos por la sociedad civil y por la comunidad internacional. También el propósito de la paz exige adoptar medidas eficaces para superar otros factores generadores violencia y de contextos de ilegalidad.

La guerra y el recurso a la violencia afectan gravemente a la población, la vida social, las economías y la institucionalidad. Rechazarlas y deslegitimarlas es condición necesaria para construir la paz. El Gobierno Nacional debe responder, como cabeza del Estado, con el deber de protección y garantía, para que cese y se esclarezca la grave, masiva y sistemática matanza que durante los tres últimos años ha diezmado liderazgos sociales, de las organizaciones de víctimas, de defensores de derechos humanos, del ambiente y a excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación. Resulta dramática, en medio de la emergencia nacional declarada por la pandemia, la persistencia en distintas regiones de las amenazas, ataques y asesinatos de integrantes de estos sectores de la población altamente victimizados.

Las exigencias de respeto a los derechos humanos y observancia al derecho humanitario son imperiosas para el Estado, sus instituciones y para los actores irregulares en el marco del conflicto armado. Dadas las circunstancias de confrontación entre distintos actores armados y crisis humanitaria en distintas regiones, son necesarios los compromisos y acuerdos humanitarios para aliviar la situación de la población. Ésta es una demanda de comunidades campesinas, indígenas y afros del Chocó, Cauca, Nariño, Catatumbo, Arauca, Sur de Bolívar y Putumayo, entre otras regiones.

La movilización de la sociedad y el compromiso institucional, gubernamental y estatal en todos los niveles, son condiciones necesarias para el logro de la paz. La gran mayoría de los vigorosos movimientos sociales que han emergido en el presente, de los partidos políticos, bancadas parlamentarias y sectores de opinión, están a favor del proyecto de la paz. Por supuesto, también existen opositores e incluso quienes desde determinados intereses pretenden prolongar la confrontación e impedir las medidas de democratización, rehabilitación, reparación de las víctimas, esclarecimiento de la verdad y recuperación de la justicia, indispensables para el logro de la paz.

Hay un significativo universo de iniciativas civiles de paz en Colombia. Ellas han evidenciado procesos robustos, de larga duración que ponen de presente que cada vez hay más sectores sociales comprometidos con la paz y construcción en las regiones y a nivel nacional. Pero somos conscientes de la necesidad de ampliar y fortalecer la participación y las acciones que demandan la paz, para lo cual es indispensable sensibilizar e incorporar a todos los sectores de la sociedad. Sin presión ciudadana incidente frente al gobierno y al ELN no habrá proceso de paz ni sus positivos efectos humanitarios. La gran movilización social registrada recientemente incluye la demanda de la paz como uno de sus ejes. El papel de la juventud ha sido de extraordinaria importancia al respecto.

Destacamos y agradecemos el alto valor de los perseverantes apoyos y esfuerzos por la paz en Colombia desplegados por la comunidad internacional. Debemos relievar los papeles que han jugado y pueden seguir jugando países como Noruega, Cuba, Venezuela, Unión Europea y EEUU; la ONU y otros organismos intergubernamentales; así como diversas expresiones de la sociedad civil internacional.

¡Estamos seguros de que ha llegado, una vez más, el momento de hacer de la paz un propósito nacional!

Defendamos La Paz.

Colombia, 17 de abril de 2020.

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